Después de terminar el servicio militar en 2001, el joven Albeiro Flórez Hernández, no encontraba un empleo digno en su natal Luruaco y el desespero por ayudar a su familia y celebrarle los 15 años a su hermana Yesenia, lo llevó en 2003 a tomar una decisión que le costaría la vida: aceptar una propuesta de trabajo en una finca cafetera en Pueblo Bello, Cesar, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Fueron dos largos años para Albeiro que tratando de ganar el sustento diario, “se rebuscaba pintando y haciendo trabajos en la población”, contó su mamá, Nerys Hernández, en entrevista con Zona Cero en julio pasado.

“Era un pela'o al que le gustaba el arte, dibujar, pintar. En el pueblo estuvo en proyectos de la Casa de la Cultura, en un grupo de la iglesia en Semana Santa, él participaba, le gustaba todo lo que era de cultura”, indicó. 

En el mes de agosto, Albeiro, que para la época tenía 21 años, le puso fecha a su viaje, pues se acercaba el quinceañero de su hermana menor, Yesenia Flórez y quería hacerle una fiesta con el dinero que reuniría con el trabajo en la finca. 

El 10 de agosto, Albeiro salió del pueblo acompañado de su amigo Édgar Beltrán Hurtado y tres habitantes más de Luruaco. En la finca, comenzaron a trabajar el 15 de agosto en labores de recolección de café. 

Yesenia Flórez, la hermana de Albeiro, que hoy tiene 37 años, detalla lo que ocurrió en 2003 y lo que ha sufrido su madre Nerys Hernández durante más de dos décadas. 

“El día que él llegó a Valledupar, él se comunicó con mi mamá, que había llegado bien y que iban a entrar a la finca. Las personas que se lo llevaron a él dieron otra versión, dijeron que al llegar a Valledupar, a la finca, se habían encontrado con jornaleros, pero que mi hermano y el otro muchacho se opusieron a regresar a Luruaco, que no se iban a devolver con las manos vacías, que ellos se iban a quedar en Pueblo Bello. Cinco días después los asesinaron (a Albeiro Flórez y Édgar Beltrán)”, manifestó Yesenia en diálogo con Zona Cero. 

En su relato, la hermana de Albeiro no descarta que las tres personas que regresaron al pueblo tengan que ver con  su muerte y la de su amigo, Édgar Beltrán.

“Yo siempre he dicho que ellos tienen que ver con la desaparición, así como el caso de unos muchachos de Baranoa, que los entregaban a la guerrilla para asesinarlos. Yo también pienso que así fue el caso de mi hermano, porque se fueron cinco regresaron tres”.

Tras el asesinato de los jóvenes, los cuerpos fueron hallados y posteriormente llevados a las instalaciones de Medicina Legal de Valledupar, de donde después de un tiempo fueron retirados y puestos con otros cuerpos en fosas comunes.   

Albeiro fue asesinado cinco años antes de que estallara en el país el escándalo de los 'falsos positivos' con la desaparición y posterior asesinato de 19 jóvenes del municipio de Soacha y de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Fueron cuatro años de incertidumbre, de búsqueda incansable y de tristeza. La familia no lograba ubicarlo y solo vino a saber de Albeiro el 15 de agosto de 2007, cuando se publicó una noticia con un  listado de personas fallecidas reportadas como NN, que posteriormente habían sido plenamente identificadas.

“Mi mamá el día que se enteró viajó a Valledupar, el mismo día, con una cajita porque supuestamente los restos estaban en Medicina Legal de Valledupar. Y pues al llegar, solamente le mostraron una foto cuando lo sacaron y le dijeron que los restos de él estaban en el cementerio nuevo de Valledupar. Pero como nadie se acercó durante años, sacaron los restos y los pusieron en fosas con varios restos”, explicó Yesenia.

Entre tanto a Nerys Hernández también le informaban desde el Ejército que su hijo era un “líder de la guerrilla”. 

“¿Quién puede hacerse jefe guerrillero en cinco días?” se preguntó al ser entrevistada por Zona Cero en Valledupar en desarrollo de la Audiencia Pública de Verificación del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, conocido como los 'falsos positivos'.

23 años después del asesinato de Albeiro Flórez Hernández y Édgar Beltrán Hurtado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de cárcel al coronel retirado del Ejército colombiano Publio Hernán Mejía al hallarlo penalmente responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 72 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate en el norte del país. 

Ante la decisión, la familia de Albeiro Flórez tomó con satisfacción la condena contra el coronel retirado.

“Para nosotros es satisfactorio que le hayan dado la condena justa, porque esa es la condena que da a la JEP. Es algo que veníamos exigiendo durante 22 años, luchando que se hiciera justicia sobre la desaparición de mi hermano”.

Yesenia aseguró que aunque ya se dio un gran paso, “la felicidad no es completa porque aún no hemos podido encontrar sus restos. Y seguimos exigiendo, porque las víctimas queremos saber quién dio la orden a estos casos tan macabros”. 

“Se hizo justicia, sí, se hizo justicia, pero aún seguimos buscando sus restos, que aún sigue desaparecido, que nuestra felicidad no es completa”.

Requirió a Medicina Legal, a la Fiscalía, a la JEP “que nos ayuden a encontrarlo y que se hagan pronto las exhumaciones porque es triste que una madre siga esperando durante 22 años a su hijo”.

Sentenció que “sería triste que a mi madre Dios se la lleve y ella aún no pueda recibir los retos de su hijo. Como hermana, como víctima, como luchadora, porque he estado en esta lucha durante más de 10 años, exigimos que nos ayuden al Gobierno nacional, que nos ayuden a buscar a mi hermano”. 

La JEP falló tras ocho meses de Juicio Adversarial Transicional, en los que se escucharon 54 testigos y se analizaron más de 329.000 folios, 299 horas de grabaciones, entre versiones y declaraciones, 35 expedientes que suman 94.327 folios y 200 órdenes de policía judicial, entre otras pruebas.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad consideró que la Unidad de Investigación y Acusación (UAI) probó su responsabilidad penal por la comisión de 35 hechos, en los que fueron asesinadas 72 personas, algunas de ellas desaparecidas forzadamente y torturadas, en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

Entre las víctimas civiles presentadas como bajas en combate se encuentran tres mujeres y 69 hombres. En su mayoría, se trataba de campesinos, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, así como jóvenes desempleados en contextos de vulnerabilidad económica.